Resumen: En la ciudad de Medellín la problemática del desplazamiento forzado presenta simultáneamente dinámicas de expulsión y recepción de población, causadas por diversos factores asociados al conflicto armado interno, generando exclusión, marginalidad y pobreza. En este contexto, la población se ha visto en la necesidad de conformar organizaciones y de participar en escenarios de incidencia política, con el fin de hacer visibles sus demandas ante el Estado, lo cual ha permitido una serie de pronunciamientos normativos, orientados al restablecimiento de los derechos. Aunque existen avances en la temática, todavía falta trabajar la existencia de intereses comunes que orienten esta práctica, la presencia de nuevos liderazgos con una visión que trascienda la inmediatez y contextos de seguridad en los cuales se garantice el derecho a la participación.
Palabras Clave: Desplazamiento forzado / población desplazada / participación / organizaciones.
Abstract: In Medellín city the problematic about forced movements presents at the same time expulsions and reception of population causes by several factors associated to internal armed conflict. This situation increases the exclusion, marginality and poverty in the city. In this context, population has seen the necessity to created organizations and to participated in different stages of political impact in order to make visible their claims before the State which has allowed some normative pronunciations orientated to reestablishment rights. Although exists some advances in thematic still it's important to work in the common interests' existence to guide this practice and the presence of new leadership with a vision that goes beyond the immediacy and contexts in which security is guaranteed the right to participation.
Keywords: Forced displacement / population's displaced / participation / organization
Las personas en situación de desplazamiento forzado se han convertido a lo largo de los años en el sector de población civil más afectada por el conflicto armado interno 1, debido a que viven en un ambiente hostil, lleno de impunidad, invisibilidad y estigmatización, con pocas opciones para restablecer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales que han sido vulnerados sistemáticamente.
Para el caso de la ciudad de Medellín, la problemática del desplazamiento forzado presenta simultáneamente dinámicas de expulsión y recepción de población. El desplazamiento interno se relaciona con diversos factores asociados al conflicto como: amenazas, secuestros, confrontación de actores armados y eventos destructivos de infraestructura, marcados por diferentes grupos insurgentes o delictivos que imperan en el territorio, generando exclusión, marginalidad y pobreza. Sin embargo, esta problemática se mantuvo invisibilizada durante más de una década, y sólo hasta el 2002 2 es reconocida normativamente a partir del caso de la Comuna 13 de Medellín, en donde se presentan acciones contra la vida y la libertad obligando a las personas a desplazarse a otros barrios o ciudades.
De acuerdo con los reportes de la Personería Jurídica de Medellín, hasta 2007 un total de 1.027 personas denunciaron haber sido desplazadas forzosamente de sus barrios, de las cuales un 90% de los casos corresponden a hechos ocurridos en ese año y sólo un 10% corresponde a años anteriores.
Los barrios que sufren mayores problemáticas de desplazamiento intraurbano son: “El Salado, Veinte de Julio y San Javier, que hacen parte de la comuna 13, con un total de 298 casos denunciados. Le sigue de cerca los barrios de la Comuna 1, como Santo Domingo Savio y Carpinelo, con 214 casos en total; Picacho y 12 de Octubre, en la Comuna 7 con 59 casos; Santacruz en la Comuna 3 con 54 casos y la Comuna 2, al nororiente de Medellín, con 34 casos” (IPC, 2007). “Lo que demuestra que el control del Estado no es total en estos barrios y que se sigue presentando una constante violación a los derechos humanos por parte de los actores armados” (Unidad de Atención y Orientación a población desplazada –UAO-, 2006, p. 24). Esta dinámica se presenta además en personas que anteriormente se habían desplazado de otros municipios, lo que genera una doble victimización y vulneración constante de sus derechos.
Medellín igualmente se considera (según cifras de Acción Social) una de las ciudades con mayores porcentajes de recepción de población desplazada (108.970), lo que ha originado la aparición de nuevos asentamientos donde confluyen la totalidad de los problemas socioeconómicos que pueda afrontar cualquier ciudad, como por ejemplo: “Desarraigo social, pérdida de identidad cultural, luchas por el poder en donde el Estado no tiene control; carencia de infraestructura urbana en: vías, senderos, centros comunitarios, salud y educación” (Bahos, Cruz Mery Et Al, 2007, p. 64).
En este contexto, l a participación de la población desplazada en distintos escenarios públicos juega un papel importante, debido a que ha logrado una serie de pronunciamientos normativos a nivel nacional, departamental y local, orientados al restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados por el conflicto armado interno. La presión ejercida ha propiciado un escenario en donde las personas en esta situación pueden definir y priorizar sus necesidades en interlocución con instituciones públicas; asumiendo igualmente compromisos en el diseño de la política de atención y restablecimiento.
En los últimos tres años existe un marco normativo que legitima y promueve la participación de la población desplazada, tal es el caso del pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2004, en la cual se adoptan medidas que favorecen la participación; en el auto de cumplimiento 178 de 2005, se definen condiciones para garantizar el derecho a la participación en el diseño e implementación de los programas y componentes de atención.
En el Decreto 250 de 2005, el gobierno e xpide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, en el cual se reordena el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD- y se dictan otras disposiciones que favorecen la vinculación y activa participación de las organizaciones y asociaciones en la gestión , formulación, desarrollo y seguimiento de la política pública.
Igualmente, los pronunciamientos ante la problemática del desplazamiento se ven reflejados a nivel departamental, a través de la Ordenanza 06 de mayo de 2006, y a nivel local con el Acuerdo 370 de 2007, en los cuales se adopta (para los dos casos) la política pública orientada básicamente al fortalecimiento organizativo y a la participación de la población en escenarios de incidencia política, por medio de la promoción de programas y proyectos.
Como resultado de las continuas presiones que han ejercido las organizaciones por la creación de instancias de participación, el Estado ha promovido la conformación de diferentes organismos como: el Comité Departamental y Local de Atención Integral de Población Desplazada y las Mesas Municipales y Nacionales.
Sobre los avances en materia normativa y la creación de organismos, ACNUR -Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- considera que aunque la participación de la población desplazada se ha ampliado a escenarios de incidencia de política pública, (lo que puede garantizar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos que se orienten efectivamente a contrarrestar los efectos de la problemática), estos esfuerzos aún son:
Insuficientes ya que reducen el derecho a la participación a la mera asistencia de los representantes de la población desplazada a las distintas reuniones, no evalúa la existencia de espacios, ni de las garantías para el ejercicio oportuno y efectivo del derecho a la participación (ACNUR, 2007, p. 490).
Cuando se hace referencia a la participación se alude a la asociación de individuos que se interesan por alguna actividad en común, la cual está destinada a la obtención de beneficios personales y colectivos de orden material o inmaterial. La participación puede estar asociada a un sindicato, un grupo cultural, la formulación de políticas públicas, movimientos feministas, partidos políticos, junta de vecinos, entre otros. De ahí, que la diversidad de manifestaciones de la participación evidencia, como lo expresa Boris Alexis Lima (1998, p. 9): “Un sentido social que significa tomar parte en una vivencia colectiva”.
La participación en espacios comunitarios, permite que se planteen diversas iniciativas mediante un proceso social en el que distintas fuerzas buscan a través del consenso, priorizar sus necesidades básicas, definir sus intereses de una manera organizada y colectiva para poder mejorar la calidad de vida. La carencia se concibe como la principal característica que lleva a las personas a participar y organizarse con el fin de conseguir alternativas a sus demandas más apremiantes.
En este ámbito comunitario se logran movilizar bienes y servicios a favor de los individuos, de ahí que se considere un espacio donde las personas puedan exigir sus derechos, fortaleciendo de ésta manera la justicia, la equidad y la solidaridad. La participación de la comunidad permite que las mismas personas se hagan responsables de su propio desarrollo, generando una nueva actitud frente a las autoridades, al no esperar a que éstas solucionen sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procure resolver aquello que está dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general.
Para el caso de la población desplazada, la participación tiene un sentido y está asociada a unos intereses personales y colectivos relacionados con las situaciones de vulneración de derechos. A continuación se presentarán algunas de estas características según han evidenciado líderes y asociados de las organizaciones de la población desplazada de la ciudad de Medellín.
La participación se convierte en la búsqueda de alternativas que realiza la población desplazada para transformar las condiciones difíciles que se presentan en la ciudad. Por este motivo, realizan propuestas de forma individual y colectiva con el fin de consolidar una organización en donde sean escuchadas sus necesidades y, además, cuenten con la oportunidad de reivindicar los derechos que han sido vulnerados. Conformar una organización significa para esta población reconocerse como víctimas del conflicto armado y tener la posibilidad de comunicarse con otras personas que también han vivido la misma situación.
Las propuestas individuales, que en la mayoría de los casos las asumen los representantes de las organizaciones comunitarias, se orientan al establecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas, la fijación de posiciones para alcanzar el logro de los objetivos propuestos, la formulación de proyectos, la capacitación y formación de los asociados de las organizaciones.
Por otra parte, el encuentro de la población desplazada con otras personas que viven la misma situación en los diferentes barrios y asentamientos ubicados en la periferia de la ciudad, contribuye a que se puedan movilizar con la administración municipal proyectos muchas veces de corto plazo relacionados con obras públicas, como por ejemplo, alcantarillado, pavimentación de calles, construcción de casas, entre otras. Sin embargo, l a gestión de microproyectos es a un nivel local y con un impacto mínimo, puesto que las necesidades y demandas de la población exceden la inversión de proyectos que se puedan adelantar en la comunidad.
En este escenario local, la democracia participativa representa un proceso dinámico que se va construyendo a través de las problemáticas que deben afrontar la población, sin embargo, aún deben representar la opinión e intereses de los ciudadanos, procurando el debate y la consolidación de posibilidades plurales y complejas.
La participación de algunas personas que han sufrido el desplazamiento forzado se concentra inicialmente en organizaciones comunitarias (Junta de Acción Comunal, Junta de Vivienda Comunitaria, Cooperativa, Grupo de Mujeres, Grupo de Jóvenes y Comité Barrial) ubicadas en los diferentes barrios donde residen; generalmente los líderes de las organizaciones hacen parte de la Mesa Municipal conformada en Medellín en el 2006, Comité Departamental y Local de Atención Integral de Población Desplazada, además participan en las distintas reuniones programadas por la administración municipal y las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales brindan asesorías, planes de subsidios y capacitaciones relacionadas con el fortalecimiento de la participación y las organizaciones.
El ejercicio de la participación no sólo se concentra en el ámbito local, algunas de estas personas trascienden a un ámbito nacional donde existen procesos que han permitido la interlocución y legitimación de otros escenarios, tal es el caso de las cuatro Mesas (Prevención y Atención, Restablecimiento, Atención Humanitaria de Emergencia y Fortalecimiento a las Organizaciones de Población Desplazada), creadas a través de las presiones ejercidas por esta población y, que a su vez, están respaldadas por un marco normativo.
No obstante, aunque la población desplazada por lo procesos organizativos que ha emprendido participe en escenarios políticos e incida en las decisiones del Estado, aún están muy lejos de alcanzar la reivindicación de sus derechos, ya que el desplazamiento es una problemática compleja que depende no sólo de la voluntad política, sino de la negociación que haga el Estado con los grupos armados.
La participación en ámbitos comunitarios se relaciona con la existencia de intereses comunes, líderes naturales y contextos de seguridad en los cuales se garantice el derecho a la participación. Sin embargo, estos aspectos generan controversia cuando la participación de la población desplazada está mediada por la presencia de actores armados en el territorio, la existencia de dificultades económicas, además de una visión limitada e inmediatita por parte de los líderes, lo que puede representar la participación en un contexto de vulneración de derechos.
El conflicto armado ha sido decisivo en la aniquilación de procesos organizativos en los lugares de origen de la población desplazada, por este motivo se dice que existen pérdidas sociales que no han sido reparadas por el Estado. Por otro lado, aunque la tradición organizativa que traen consigo muchos líderes posibilita la construcción de proyectos nuevamente en la ciudad de Medellín con otras dinámicas sociales, no se puede desconocer que los actores armados (desmovilizados) también hacen presencia en los barrios e inciden en la participación de la población; es decir, que ha sido constante la intervención del conflicto en las organizaciones y el exterminio de líderes en las comunidades. Este ambiente desfavorable hace que las personas sientan miedo y desconfianza, lo que impide la participación y la construcción de un nuevo tejido social en los barrios donde residen, haciendo más difícil sus procesos de adaptación en la ciudad. Este contexto incide también en que las organizaciones sean inestables y no cuenten con una trayectoria perdurable en el tiempo.
La población desplazada con el fin de hacer visibles las condiciones de precariedad que viven en la ciudad, utiliza mecanismos de presión como las acciones de movilización, las cuales adquieren un carácter deliberativo y contestatario ante el Estado. Esta movilización como lo expresa Boris Alexis Lima (1998, p. 22): “Produce participación, intervención en la vida nacional de muy diferentes maneras (movimientos de protestas, movimientos religiosos, civiles, explosiones revolucionarias) en las cuales se pueden utilizar las vías legales o ilegales” . Sin embargo, las acciones de movilización que ejerce la población desplazada (marchas, tomas de iglesias, entidades del Estado y colegios) tienen una carga de estigmas, lo cual frena en muchos casos estos procesos participativos; de ahí que muchas personas prefieran abstenerse de participar para no ser reconocidas e identificadas como líderes de organizaciones.
Muchas de las personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de origen son campesinos que poseen un sabio conocimiento sobre la tierra, algunos cuentan con tradiciones organizativas y con redes sociales y familiares. Además, el grado de escolaridad es bajo y tienen poco conocimiento sobre las dinámicas de la ciudad. Cuando llegan a los lugares de destino se encuentran con un mundo totalmente diferente al que habitaban, se ven obligados a buscar direcciones, a diligenciar papelería, instalar demandas, que en algunos casos se les dificulta y los hace estar en desventaja frente a las instituciones que solicitan los trámites. Por este motivo, en los escenarios de participación se presentan algunos inconvenientes debido al bajo nivel de escolaridad y a los contextos de pobreza, los cuales se encuentran: la falta de comprensión de la información de utilidad ciudadana, constante negativa a entablar relaciones de confianza con las instituciones públicas y niveles de escucha muy bajos, lo que impide que las personas construyan una lectura acorde con la realidad, además diseñen estrategias posibles para el logro de sus objetivos.
En los procesos organizativos se ha evidenciado la falta de formación y de experiencia de los representantes, lo que impide que se construya colectivamente una lectura del contexto en clave de derechos, tampoco existe una relación directa entre las organizaciones y el desarrollo social, político y económico de los asociados, además de la falta de iniciativas en la construcción de políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Por este motivo, la participación se utiliza como un mecanismo para acceder únicamente a la oferta institucional que les permita medianamente la subsistencia temporal. También se ha manifestado la escasa capacitación para el diseño y la implementación de proyectos que puedan constituirse en unas de las estrategias para la generación de empleo.
En los escenarios de participación de las organizaciones de población desplazada, se encuentra que algunos líderes cuentan con niveles de representatividad muy bajos, es decir, que no es muy clara su legitimidad ante la población. Además, se evidencia la intención que tienen algunos líderes de figurar en los escenarios de participación sin contar con ningún conocimiento previo sobre el asunto que se dialoga. También surgen interrogantes con respecto a los intereses y demandas de los desplazados y si estos están siendo evidenciados a través de la voz de esos líderes, debido a que en algunas ocasiones priman sus beneficios particulares con respecto a los del colectivo. De ahí que también se cuestione sobre el papel que están cumpliendo en los escenarios de participación y la claridad que poseen sobre los objetivos, los cuales orientan las acciones de los representantes. Estas dificultades se asocian generalmente con la tendencia en las organizaciones sociales de reproducir las estructuras y los métodos de trabajo utilizados antes del desplazamiento:
Lo que puede conducir a una participación apenas formal y muy inestable de los afiliados y a una dinámica organizativa más o menos rígida con relación a sus necesidades y sus expectativas, sobre todo cuando no existe una concepción que trascienda la etapa de emergencia y busque la superación de la condición de desplazados ( Bustillo, 2004, p. 431) .
Entre los representantes y los asociados se están generando relaciones de dependencia, inseguridades para la toma de decisiones, además se requiere constantemente motivaciones por parte de los líderes en la participación. Por este motivo, recae toda la responsabilidad en los representantes, impidiendo el surgimiento de nuevos líderes que formulen proyectos para la organización. En parte se debe a que no cuentan con una tradición organizativa, la participación se concentra en la consecución de una mediana subsistencia. En este sentido, las organizaciones dependen de la iniciativa de un líder y en el caso de que no pueda continuar con la dirección, los proyectos están condenados al fracaso.
Otro de los asuntos que se evidencian es el trato especial que reciben los líderes por parte de las instituciones del Estado, lo que les permite acceder a beneficios con más facilidad que los asociados de las organizaciones. También, son los representantes, en su mayoría, los que reciben las capacitaciones que luego tendrán que ser difundidas en las organizaciones. Esto les posibilita estar en ventaja con respecto a los asociados que en algunos casos no acceden a las ofertas institucionales, además de no recibir información oportuna por parte de los líderes.
“Participar para mí significa crecer, crecer en el conocimiento con los demás. También me permite fortalecer mis ideas y si mis ideas son pequeñas entonces al participar conozco tú idea y la idea de una cantidad de gente con respecto a lo mismo. Participar me permite adquirir un conocimiento más profundo de la materia o del tema” 3.
La participación activa de la población desplazada adquiere un sentido en la medida en que se accede a algunos beneficios en el orden de lo material e inmaterial. El sentido que posee esta práctica depende de un proceso individual que elaboren las personas en los espacios de deliberación donde se confrontan las opiniones y se construyen las ideas sobre las situaciones que se viven por el desplazamiento forzado. De ahí que los sujetos decidan ejercer el derecho a la participación como un medio y un fin para hacer visibles sus necesidades, demandas y aspiraciones. Con respecto a los beneficios que logran conseguir se encuentran: conocimiento sobre los derechos, socialización de saberes entre los sujetos y descubrimiento de las potencialidades.
La democracia participativa como la concibe Tomás Villasante (1995, p.29), no es simplemente representar las opciones e intereses de los ciudadanos, sino que es un proceso constante de construcción que depende de los disensos y consensos a los que se llegue. Porque las opiniones, como todo, no están ahí preexistiendo y esperando a que lleguemos a descubrirlas, sino que están en construcción permanente, y lo interesante es que se puedan construir libremente y con la mayor información posible.
La participación de la población desplazada en escenarios locales, posibilita la obtención de información sobre un tema en específico, lo cual servirá de base para que las personas comuniquen sus decisiones a los otros y se formen una opinión sobre una situación determinada. La información previa que necesita la población desplazada para tomar alguna decisión está relacionada con: los derechos, normatividad, la existencia de comités municipales y departamentales, entidades gubernamentales y no gubernamentales que atienden la problemática; capacitaciones en derechos humanos, emprendimiento empresarial y de economía solidaria . Toda esta información es determinante para asumir una posición frente a la construcción de políticas públicas y en la transformación de las relaciones conflictivas entre la población desplazada y las entidades del Estado. En dicho caso, las demandas que imparten las personas en esta situación estarán sustentadas en el conocimiento sobre normatividad que adquirieron durante los procesos de capacitación y de la información suministradas por los representantes de las organizaciones.
Por medio de la participación las personas expresan sus intereses y necesidades en los diversos escenarios públicos de deliberación, al mismo tiempo tienen la oportunidad de conocer los planes y proyectos de las entidades públicas y privadas de la ciudad. Expresar las inquietudes y escuchar las ideas y conocimientos de los otros, permite que las personas en esta situación aumenten sus aprendizajes sobre una determinada temática, elaborando una lectura más aproximada de la realidad. Las interacciones que se propician en los distintos escenarios de participación posibilitan que la palabra del otro sea valorada en la construcción de soluciones sobre la problemática del desplazamiento forzado (diseño de la política pública). Participar en distintos escenarios también permite que las entidades públicas conozcan las demandas de la población para que puedan de esta manera, asumir la responsabilidad que les corresponden a los gobiernos locales.
Por lo tanto, la legitimidad que pueda tener la participación de la población desplazada en escenarios de incidencia política, se relaciona con los problemas que hayan sido identificados previamente por ellos, evidenciando soluciones para cada situación concreta. En este sentido la democracia se entiende como una construcción popular en medio de un sistema de redes de convivencia que lleva a que el sujeto se sienta protagonista de sus propuestas; por ello, la responsabilidad del sujeto, la coherencia en la identificación de problemáticas y posibles soluciones, además de la voluntad política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales hacen parte de la construcción de una democracia participativa, que como expresa Tomas Villasante, no es singular como un modelo de referencia, sino que hace alusión a la pluralidad, a procesos de construcción y deconstrucción, según las características de cada lugar.
* Jenny Marcela Acevedo Valencia. Socióloga egresada de la Universidad de Antioquia, sede Medellín, 2007. Tesis de grado titulada: Participación y organización: un camino hacia la inserción de la población desplazada en la ciudad de Medellín. Actualmente participa en calidad de investigadora de la Fundación Universitaria Luis Amigó, en el proyecto: “Trayectorias de socialización de la niñez desplazada por la violencia en los asentamientos de la ciudad de Medellín”.
1 Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- (2007) existen 4'075.580 de desplazados en el país; de éstos sólo han sido reconocidos por el Estado en dicha situación, según Acción Social (2007) 2'452.152; los cuales se encuentran acogidas en programas de atención y protección de índole nacional.
2 Ante la negativa de las entidades del Estado de reconocer que esta problemática hacía parte del desplazamiento interno de poblaciones, la Corte Constitucional en sentencia T-268 de 2003, adopta medidas urgentes para que el Estado se comprometa a proteger los derechos en primera instancia de un grupo de 65 familias que habían huido de sus viviendas ubicadas en la Comuna 13 de Medellín.
3 Testimonio obtenido en entrevista con líder comunitario de la ciudad de Medellín.
ACNUR. Agencia de la ONU para los refugiados (2007). Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004 – Abril 2007. Bogotá.
UAO. ALIANZA PIU (2006). Acercamiento a la situación y acciones de atención a la población en condición de desplazamiento forzado asentada en el municipio de Medellín.
Bahos, Cruz Mery; De Los Ríos, Liliana (2007).Dinámica de las organizaciones comunitarias a partir de la localización de familias desplazadas durante la década 1993-2003. Estudio de caso. Universidad de Antioquia. Medellín.
Bustillo, Juan Manuel (2004). Los procesos organizativos de la población desplazada: alcances, limitaciones y retos. En: Desplazamiento forzado dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
Lima, Boris Alexis (1998). Exploración teórica de la participación. Editorial Hvmanitas. Buenos Aires.
Villasante, Tomás (2003). ¿Qué es la democracia participativa? En: Revista el viejo topo. N. 174. Barcelona, Enero 2003.
________________ (1996). La democracia participativa realmente existe. En: Revista el Viejo Topo. N. 100. Barcelona, Enero 1996.
Acción Social. Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Disponible en: http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20abril%2030%20de%202008.htm Consultado 09/06/2008
Desplazamiento intraurbano: drama que no cede en Medellín. Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia. 2007. Disponible en: http://alainet.org/active/22539&lang=es
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 025 de 2004.
- Corte Constitucional, auto de cumplimiento 178 de 2005.
- Decreto 250 de febrero 7 de 2005. Presidencia de la República de Colombia
- Ordenanza 06 de 2006. Gobernación de Antioquia., mayo de 2006.
- Proyecto de Acuerdo Nº 370 de 2007. Alcaldía de Medellín.
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